¿Qué es la ley de procedimiento administrativo común o Ley 39/2015?
La Ley de procedimiento administrativo común tiene como objetivo establecer la regulación entre administrados y administraciones a través de la comunicación electrónica con la Administración Pública por parte de compañías y profesionales autónomos.
¿Qué es la ley de procedimiento administrativo común?
La ley de procedimiento administrativo común nace con la intención de digitalizar los procedimientos administrativos, y formalizar así de forma electrónica la relación con la administración pública. Consecuentemente, tiene por objetivo instaurar un sistema electrónico desde el que se tramite la gestión y comunicación administrativa, para así ahorrar tiempo y permitir una presentación de documentos y una realización de trámites que no dependa de presencialidad ni horarios de oficina.
La entrada en vigor ley 39/2015 (BOE) se inició en octubre de 2016, a la par que la de la Ley 40/2015 (lrjsp), sobre el Régimen Jurídico del Sector Público. Sin embargo, solo algunos de los puntos de la ley de procedimiento administrativo común entraron en vigor por aquel entonces; en 2018 se amplió el plazo de aplicación de la ley a dos años más (octubre de 2020).
La ley 39/2015 explicada
Los principios generales de la ley 39/2015 de 1 de octubre parten en su gran mayoría de las facilidades que supone la digitalización de los trámites con la administración pública. Así pues, veremos que priman la agilidad y la rapidez en las gestiones administrativas, la eficacia en los procesos y la completa disponibilidad de servidores. Además, permite el acceso a todos los registros y archivos administrativos, dotando de esta forma los trámites de transparencia.
En cuanto a sus efectos, destaca que eleva a rango de ley los contenidos reglamentarios en materia de administración electrónica, y que incorpora los desarrollos de carácter reglamentario en materia de responsabilidad patrimonial. Asimismo, 30/2015 establece las bases en las que tiene que suceder la iniciativa y la potestad reglamentaria, con el objetivo de evitar la dispersión normativa, de incentivar la participación ciudadana y revisar el ordenamiento.
Por otro lado, el esquema plazos ley 39/2015 está representado por el cómputo de plazos presente en los artículos 30 y 31 del reglamento de la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común: la conclusión del pazo se materializará el mismo día en el que se realizó la notificación. Así pues, el registro electrónico de las notificaciones ley 39/2015 de cada Administración u organismo se regirá por la fecha exacta de la sede electrónica de acceso.
Cabe destacar también que la normativa de la ley de contratos del sector público (lcps), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (del artículo 112 al 122) presenta el recurso de alzada ley 39/2015, el cual consiste en recurrir las resoluciones y los actos de trámite cuando no pongan fin a la vía administrativa ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. Su plazo de interposición es un mes en caso de ser un acto expreso, y el de su resolución de tres meses.
¿Qué tipo de ley es?
La ley de procedimiento administrativo común o Ley 39/2015 es considerada como una ley ordinaria, las cuales entienden como tal las disposiciones con rango de ley cuyo ámbito comprende todas las materias no reservadas a la ley orgánica. La iniciativa legislativa de estas leyes corresponde al Gobierno, al Congreso, a las Asambleas de las CCAA o puede darse por petición popular (mínimo 500.000 firmas).
¿Cuándo se aplica esta ley?
El ámbito de la ley abarca todas las Administraciones Públicas (incluyendo tanto el procedimiento sancionador ley 39/2015 como el de reclamación de responsabilidad). Así pues, se aplica al conjunto del sector público, formado por: La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
Por otro lado, se aplica también a organismos públicos y entidades de derecho público y/o privado que estén vinculados a las Administraciones Públicas (aquellas de derecho privado sujetas solo a las normas que a ellas se refieren), así como a universidades públicas, regidas por su propia normativa (y, de forma supletoria, por la ley 39/2015).
¿Cómo se estructura la ley 39/2015?
La estructura de la ley 30/2015 de Procedimiento Administrativo Común o ley contratos sector publico cuenta con un total de 133 artículos, que se dividen en 7 títulos (junto con el preliminar), 6 disposiciones adicionales (la última añadida el pasado 2019), 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 7 disposiciones finales. El esquema ley 39/2015 de los 7 títulos sería:
- Título preliminar: Disposiciones generales
- Título I: Interesados en el procedimiento
- Título II: De la Actividad de las Administraciones Públicas
- Título III: De los Actos Administrativos
- Título IV: De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común
- Título V: De la revisión de los actos en vía administrativa
- Título VI: De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones, como puede ser la ley mordaza.
